domingo, 19 de septiembre de 2010

Crónica #1

En la sentencia C- 728 de 2009, donde se exhorta al Congreso para que regule lo concerniente al derecho fundamental a la objeción de conciencia en el contexto del servicio militar obligatorio, se examinan las  intervenciones de algunos objetores de conciencia y algunas personas que prestaron el servicio militar. Las historias de estos jóvenes fueron tomadas en cuenta en la decisión de la Corte, por esto mismo, se ha decidido en este foro publicar también una historia de esa naturaleza.

Según la Ley 48 de 1993, los hombres colombianos que cumplan la edad de dieciocho años deberán presentarse a “definir su situación militar”[1] con la Dirección de Reclutamiento del Ejército Nacional. La ley obliga a todo hombre que resulte física y psicológicamente apto, con excepción de los indígenas y limitados físicos permanentes, a prestar 12 meses de servicio militar o a pagar al Estado una ‘cuota de compensación militar’.

A continuación está narrada mi experiencia durante el proceso definitorio de la situación militar ante el Ejército. Esta incluye un breve recuento de las relaciones sociales que se dan dentro del proceso de incorporación de nuevos soldados en Colombia. Este relato tiene por objeto dar a conocer una vivencia personal con respecto al servicio militar obligatorio:
Hacia fines de 2009, mientras cursaba mi último año escolar, realicé una visita al Distrito Militar número 4 en Bogotá, acompañado de mis compañeros de colegio, para empezar el proceso que tendría por objetivo la definición de mi situación militar. Ese día, en el pequeño espacio donde funciona la oficina de reclutamiento del ejército, había por lo menos otros cinco grupos de colegios, entre públicos oficiales y privados, que venían con nuestro mismo propósito. Después de un lento e ineficiente proceso de inscripción, que marcaría la constante dentro de éste proceso, que incluía la toma de datos personales como nuestro estrato socioeconómico, nuestros datos de identidad y los de nuestros padres, se nos asignó una nueva cita para volver a finalizar con el proceso.

En esta primera parte del proceso, fue evidente la desorganización del ejército. El primero de tres exámenes médicos, obligatorios por ley y  que estaba previsto para ese día, no se le realizó a ninguna de las personas que asistió. De hecho, hasta el día de hoy, el ejército no me ha hecho ninguno de estos exámenes médicos, lo que significa que aún no saben si soy apto para prestar el servicio militar o no.

La cita que me fue asignada coincidió con un periodo que pasé fuera de Colombia. Durante este periodo, mis amigos y compañeros del colegio consiguieron a un contacto dentro del ejército quien les ayudó a terminar su trámite para definir la situación militar pagando una cuota de compensación más baja que lo permitido por la ley.

A mi regreso, y ya siendo estudiante universitario, tuve que volver al Distrito Militar número 4 para que me fuera asignada otra cita para terminar con el proceso. Aunque en la ley 48 de 1993 está especificado que la obligación de la inscripción militar prescribe al término de un año, se me informó que debía obtener una tarjeta militar provisional mientras cursara los primeros cuatro semestres universitarios. Esta medida se debe a la alta tasa de deserción que se da en los primeros cuatro semestres universitarios. Con esta medida se pretende que quienes se retiren de sus estudios antes del cuarto semestre aún conserven la obligación con el Estado de prestar el servicio militar obligatorio.  

Durante las dos siguientes visitas que realicé, una para tramitar mi tarjeta militar provisional y la otra para reclamarla, fui testigo de varios eventos que merecen ser resaltados. Era común que, mientras me encontraba haciendo la fila para presentarme a alguna de las ventanillas del centro de reclutamiento, llegaran preocupados los padres de algunos jóvenes a hablar con del comandante del Distrito Militar de Reclutamiento. Los padres se podrían dividir en dos grupos, los que pertenecían a estratos socioeconómicos altos, que llegaban elegantemente vestidos antes de irse a trabajar, y los padres que pertenecían a contextos humildes de la sociedad. Los primeros venían con la solicitud expresa de hablar con el comandante, ya que supuestamente venían ‘recomendados’. Los segundos venían preocupados averiguando el paradero de sus hijos quienes, tras una batida del ejército en busca de ciudadanos remisos, no habían vuelto a sus hogares y no se habían comunicado con sus padres. Algunos padres llevaban hasta tres días esperando a sus hijos y venían a averiguar en qué batallón del ejército se encontraban haciendo su alistamiento.

A pesar de haber recibido la tarjeta militar provisional, se me informó que debía asistir a una jornada de reclutamiento que se llevaría a cabo en un centro comunitario al norte de la ciudad de Bogotá un viernes a las seis de la mañana. Ese día llegué puntal para encontrarme con una fila de jóvenes que abarcaba  varias cuadras alrededor del centro comunitario. Cuando entré después tuvimos que formar en filas en una cancha de fútbol. El comandante de la división de reclutamiento, encargado de la logística, empezó su discurso de bienvenida advirtiéndonos que nadie llamara a la prensa o a los canales privados ya que en el año pasado estos habían acudido a grabar el desorden del proceso. Después, entre chistes como que quién se saliera de la fila iría a parar a un batallón en medio de la selva, el comandante anunció que los que quisieran prestar voluntariamente el servicio militar tendrían el beneficio de prestarlo en un batallón dentro de Bogotá se iban inmediatamente con él. Para mi sorpresa, un grupo grande de jóvenes  lo siguió ya que estos procedían de un entorno con bajos recursos por lo que no podrían ir a la universidad y se verían obligados a prestar el servicio de todas maneras. El resto del día formamos en fila esperando ser atendidos, pero a las cuatro de la tarde solo un pequeño grupo había sido atendido, por lo que los padres de los jóvenes, enfurecidos, llamaron a los medios de comunicación. Cuando estos llegaron, el ejército organizó un poco el desorden. Hasta el día de hoy continúo con mi tarjeta militar provisional. 

Manuel Bustamante



[1] Colombia, Ley 48 de 1993, artículo 10.

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